El TSJ de Cataluña ha inadmitido una querella interpuesta por el Ayuntamiento de Barcelona frente seis magistrados que ejercieron como tales sus funciones en los “Juzgados de Vagos y Maleantes” y “de Peligrosidad Social” entre los años 1956 y 1977, por delito de lesa humanidad.
El motivo de fondo de la interposición de la querella tiene su origen en una moción aprobada por el pleno municipal en marzo de 2017, tendente a la investigación y enjuiciamiento de los crímenes internacionales cometidos durante la dictadura franquista, y en concreto, al dictado de resoluciones judiciales que acordaron por aquel entonces medidas de internamiento frente a personas por su homosexualidad.
El auto concluye que no puede ser admitida la querella dado que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito en el momento de su comisión, sin vulnerar los principios de legalidad, seguridad jurídica e irretroactividad de las disposiciones sancionadoras (artículo 9.3 Constitución), pues aunque los delitos de lesa humanidad gozan de reconocimiento consuetudinario (Tribunal Núremberg tras el final de la II Guerra Mundial), resultando imprescriptibles, sin embargo, no fueron incorporados a nuestro ordenamiento interno hasta 1977, lo que hace inviable su persecución penal.
Tal solución judicial, acertada desde mi personal y profesional punto de vista, no es impedimento para que mostremos nuestra expresa y firme desaprobación, ante cualquier conducta que limite los derechos humanos por la única razón de su orientación sexual; ahora y siempre.