Opinión

Pleno TS del 5 noviembre: Una modesta postura posible

Reflexión sobre el próximo Pleno T.S. del 5 noviembre 2018

Múltiples y diversos puede ser los acuerdos a adoptar por el Pleno Jurisdiccional del Tribunal Supremo, así que me aventuró en esta entrada a decantarme por el siguiente:

A modo de introducción señalaré, que el pasado 16 de octubre de 2018 la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, dictó una sentencia en el Recurso nº 5350/2017, en cuyo fallo, entre otros pronunciamientos,  acordó anular el número 2 del artículo 68 del Reglamento Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo, y ello, por cuanto que la expresión que contiene, (“cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario“) es contraria a la ley.

Como consecuencia de ello, los días 19 y 22 de octubre, el Presidente de la Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, del Tribunal Supremo, emite sendas notas informativas acordando con carácter urgente dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objeto similar, avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de alguno de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado, así como convocar un pleno jurisdiccional para el próximo día 5 de noviembre.

Sin entrar a opinar sobre el contenido de la sentencia y sus primeros frutos, a la vez que obviando si el Pleno puede o no confirmar el giro jurisprudencial contenido en la resolución de la Sección  2ª del T.S., solo pretendo analizar, cuales son a mi juicio las posibles consecuencias de la aplicación de la sentencia, de su ejecución, o dicho en otros términos, de la nulidad del párrafo 2 del artículo 68 del Reglamento, y que resumo en tres cuestiones y cuatro conclusiones:

1º.- El abono por el prestatario del Impuesto Actos Jurídicos Documentados derivado del otorgamiento de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria, no le vino impuesto al cliente/consumidor como consecuencia del contenido de la propia escritura, sino de la aplicación del entonces vigente párrafo 2 del artículo 68 del Reglamento del ITPAJD. Tal afirmación tiene importantes consecuencias, pues el supuesto ya no puede identificarse con aquellos otros efectos derivados de la nulidad de la cláusula de gastos, y por tanto no  existe a mi juicio el plazo de prescripción ligado a tal declaración, además de que el plazo para el cómputo del inicio de ejercicio de acciones, civiles o administrativas, comenzaría con la finalización del plazo voluntario de declaración e ingreso del IAJD.

2º.- Si el pago del I.A.J.D. lo realizó exclusivamente el prestatario, evidentemente, solo él tendrá acción para reclamar la devolución de lo ingresado indebidamente, y además únicamente frente a los Servicios Tributarios competentes, pues en realidad la entidad bancaria prestamista, nada tuvo que ver en el pago del referido impuesto, actuando el cliente-prestatario conforme preveía la norma fiscal vigente por aquel entonces.

3º.- Aquí puede entrar en juego el artículo 73 de la Ley 29/1998,  reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: “Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente.” La aplicación de este precepto vedaría cualquier reclamación a la Administración Tributaria por parte del administrado-cliente-prestatario, al menos,  una vez transcurrido el plazo de firmeza de la autoliquidación, es decir, cuatro años desde la finalización del plazo voluntario de declaración e ingreso conforme previene el artículo 66 de la L.G.T.

¿Cuales serían desde mi humilde opinión las consecuencias de la aplicación de la sentencia del T.S.?

  1. a) Sólo el contribuyente que abonó el IAJD podrá reclamar la devolución de ingresos indebidos a los Servicios Tributarios competentes.
  1. b) El plazo de solicitud sería en el mejor de los casos de cuatro años, que comenzaría con la finalización del plazo voluntario de declaración e ingreso del IAJD, 30 días hábiles contados desde la fecha de otorgamiento.
  1. c) Iguales plazos tendrán los Servicios Tributarios para reclamar a las entidades financieras el abono del IAJD. Este apartado da pié aun sinfín de reflexiones que voy a evitar en aras a la brevedad.
  1. d) A partir de la sentencia del T.S., serán las entidades financieras la que tengan que abonar el IAJD devengado por el otorgamiento de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria.

Y ahora solo me resta esperar unos días para comprobar si esta, mi modesta opinión, ha estado medianamente acertada en relación con lo decidido por el Pleno del T.S. sobre los efectos de la sentencia de 16 de octubre de 2018.

3 thoughts on “Pleno TS del 5 noviembre: Una modesta postura posible

  1. Leída la entrada detenidamente, la opinión está muy bien articulada. No aparecen muchos huecos al razonamiento y a la aplicación de la normativa transcrita, aunque habrá que ver cual es la decisión final que adopte en breve el Pleno del Supremo, donde seguramente entrarán en juego y se tendrán en cuenta otros factores ajenos a las normas y su aplicación. Quedo a la espera. Saludos.

    1. Parece claro que una cosa es opinar con fundamentos o criterios estrictamente normativos, y otra muy distinta resolver desde la presión mediática y el propio desconcierto del Pleno de la Sala III del Tribunal Supremo. Personalmente y con todos los respetos, he asistido a Juntas de Comunidades de Propietarios con más altura en la adopción de decisiones que la que nos ocupa. Dirán que este comportamiento y resultado habla en pro de la independencia judicial, tal vez sea así, pero también ataca al principio de seguridad jurídica, y sobre todo, a la opinión de los justiciables sobre la justicia y quienes la imparten. Flaco favor nos han hecho. Y como colofón a tanto despropósito, aparece el Sr. Sánchez, y saca de su chistera de mago un Decreto Ley, ¡para que no paguen siempre los mismos!. Solo nos quedaba esto para alucinar. Lo que es la oportunidad política. Por cierto, tal y como nos tiene acostumbrados este Gobierno y su Director de Orquesta, pues las prisas son malas compañeras, se han olvidado en el R.D. a las Cajas, Cooperativas de Crédito, etc, creando un nuevo problema donde no existía, y obligando a tramitarlo como proyecto de ley. Veremos que regalos tendrá que hacer Don Pedro a unos y otros para sacarlo adelante. ¡Que desastre!

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