Opinión

Participaciones preferentes/Obligaciones subordinadas: Un breve apunte

La semana pasada me correspondía explicar de una manera sencilla a un cliente, las diferencias existentes entre dos productos financieros de alta toxicidad a mi juicio, las denominadas participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, tarea nada fácil, habida cuenta de la complejidad de estos activos financieros, que evidencian la formidable capacidad imaginativa de las entidades bancarias para colocar en el mercado a cualquiera, y a cualquier precio, productos con los que atender sus necesidades de obtención de capital y recursos propios. Este sería un breve resumen sin mayores pretensiones, abierto a cualquier consejo, observación o enseñanza. 

Participaciones preferentes

Se trata de activos financieros o valores emitidos por una sociedad que no confieren participación en su capital ni derecho a voto, son perpetuos y de rentabilidad no garantizada. Es un producto complejo, de riesgo alto e imprevisible para el inversor.

Principales características

  • Carácter perpetuo o sin fecha de vencimiento conocido,  si bien la sociedad  puede tener la facultad de amortizarlas transcurridos cinco años desde su emisión, previa autorización del banco de España.
  • Otorgan derechos económicos obtenidos de los beneficios originados por la diferencia entre los precios de compra y venta de las participaciones. No otorgan derechos políticos, pues no representan capital, ni en consecuencia dan derecho a voto en las asambleas de accionistas.
  • No cotizan en Bolsa, sino en el Mercado de Renta Fija (AIAF), con elevadas fluctuaciones  y consecuente riesgo.
  • Respecto a rentabilidad, la remuneración está supeditada a la obtención de beneficios distribuibles por parte del emisor, y no es acumulable, por lo que si no se percibe en un periodo determinado,  el  inversor preferentista pierde el derecho a percibirla en el futuro.
  • No son depósitos bancarios, y por tanto carecen de la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos. Además, a pesar de su  denominación, en caso de quiebra o insolvencia del emisor, no les otorga preferencia especial alguna, estando por detrás incluso de los acreedores subordinados, y solamente por delante de los accionistas

Obligaciones subordinadas

Producto financiero de renta fija a largo plazo, cuya fecha de vencimiento, prefijada de antemano, es de varios años.

Principales características

  • No son parte del capital, sino deuda que ostenta la sociedad, quedando los inversores tenedores de las obligaciones como acreedores de la emisora del producto.
  • Producto con elevada rentabilidad, pero alto riesgo y escasa liquidez.
  • No son depósitos bancarios, y por tanto carecen de la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos.
  • Caso de quiebra o insolvencia del emisor, no les otorga preferencia especial alguna, estando solamente por delante de las participaciones preferentes y los accionistas.
  • A la fecha de emisión se conviene el abono de intereses, quedando supeditado el cobro a la existencia de un determinado nivel de beneficios. Si no hay beneficios, no habrá abono de intereses, perdiendo este derecho y además el de percibirlo en un futuro, al no resultar acumulable.
  • Durante su periodo de vigencia y hasta la fecha de vencimiento, no es posible su venta, salvo en el mercado secundario. Como todos los productos híbridos su liquidez resultará escasa, y su venta en el mercado secundario supondrá perder un elevado porcentaje de la inversión inicial.
  • Con carácter general, las obligaciones subordinadas no confieren derechos políticos a sus titulares en la sociedad emisora.

Plazos ejercicio acciones judiciales

El plazo para reclamar judicialmente dependerá del tipo de acción ejercitada:

  1. Acción de nulidad contractual: Este tipo concreto de acción prescribe a los cuatro años, tal y como recoge el artículo 1301 del Código Civil. Para calcular este plazo de reclamación, no se considera la fecha en la que se suscribieron las participaciones preferentes/subordinadas, si no que se considera el día de inicio de cómputo del plazo (“dies a quo”) a partir de la fecha en la que todas las obligaciones de las partes han sido satisfechas.
  2. Acción resolutoria por incumplimiento contractual. Este plazo para reclamar la resolución del contrato es actualmente de 5 años. Así se expresaba el Tribunal Supremo en sentencia 461/2014:

“Esta acción de resolución de un contrato por incumplimiento contractual no está sujeta al plazo de caducidad de 4 años del art. 1301 CC que, conforme a su dicción literal y a su ubicación sistemática, resulta de aplicación a las acciones de nulidad del contrato por vicio en el consentimiento, en concreto, por dolo o error, y por ilicitud de la causa. Como no se aplica este precepto, y no existe un plazo de prescripción específico para la acción de resolución del contrato por incumplimiento, procede aplicar el general de 15 años, (actualmente 5 años) previsto para las acciones personales en el art. 1964 CC”.

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