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HERENCIA Y SUCESIONES 

La complejidad del Derecho Hereditario requiere en cada caso concreto, un asesoramiento personalizado con el fin de poder informarle convenientemente.


Un equipo de abogados expertos en la materia le pueden informar 

y asesorar personalmente sobre los pasos a seguir.


TESTAMENTOS, SUCESIONES, REPARTOS DE HERENCIA

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SEPARACIÓN Y DIVORCIO

Las crisis y conflictos en el matrimonio o entre parejas estables, pueden traer como consecuencia la separación judicial o el divorcio, siendo entonces necesario adoptar medidas familiares y patrimoniales.


En Álvarez-Hevia Abogados contamos con una amplia experiencia de más de 30 años resolviendo conflictos matrimoniales.


TRAMITES DE DIVORCIO, CUSTODIA DE MENORES, PATRIA POTESTAD

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DEPARTAMENTO JURÍDICO

Nuestro Departamento Jurídico Multidisciplinar, está creado con el objetivo de dar respuestas rápidas y eficaces a las diversas exigencias de la sociedad actual ante inseguridades jurídicas

EXPERIENCIA

Álvarez-Hevia Abogados cuenta con algunos de los mejores profesionales en Derecho de Asturias y 

más de 30 años de experiencia asesorando e interviniendo ante los Tribunales

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Últimas Publicaciones

Arrendamiento Habitación: Normativa aplicable ¿Código civil o LAU?

Arrendamiento habitaciónResulta interesante conocer cuál es la normativa aplicable a los arrendamientos de habitación, pues esta fórmula de inquilinato, si bien ha venido siendo muy utilizada de siempre por las personas con limitados recursos económicos, en la actualidad se encuentra muy extendida entre aquellos jóvenes que cursan estudios lejos de su residencia habitual.

Las diferencias sustanciales entre la aplicación de una u otra normativa, Ley de Arrendamientos Urbanos o Código civil, se encuentra en el carácter tuitivo, protector que la LAU despliega con el arrendatario, y en la distinta duración de uno u otro contrato.

Precisamente esta segunda característica del contrato, su duración, es el punto de arranque de este nuevo boletín, (newsletter, que diría mi buen amigo Castilla); así, mientras la LAU, conforme a su artículo 9 fija una duración mínima del contrato de tres o cinco años, dependiendo de la fecha de otorgamiento, el Código civil lo deja a la exclusiva voluntad de las partes, limitándose a indicar en su artículo 1.563 que, “Si el arrendamiento se ha hecho por tiempo determinado, concluye el día prefijado sin necesidad de requerimiento.

Cotitularidad cuenta bancaria: no implica titularidad del saldo

Saldo Cuenta Cotitulares

Es un error muy habitual considerar que los cotitulares de una cuenta bancaria, también lo son del saldo que la misma arroje. Craso error que supone confundir la facultad de disposición de los fondos,  con su titularidad dominical. Trataremos de dar una breve y sencilla explicación que cualquiera pueda entender.

A menudo nos encontramos con cuentas abiertas a nombre de algún progenitor y varios hijos; pues bien, a modo de ejemplo, si el saldo resultante se nutre exclusivamente de la pensión percibida mensualmente de la Seguridad Social por el progenitor, el saldo será sin lugar a dudas de su exclusiva titularidad.

En realidad las cuentas corrientes bancarias únicamente representan una disponibilidad de fondos a favor de los titulares de las mismas frente al banco depositario, y son numerosas las sentencias de nuestro Tribunal Supremo que se pronuncian de manera unánime en tal sentido:

Animales de compañía: Custodia compartida tras separación pareja

En una entrada anterior de este blog, comentábamos con referencia a una sentencia que condenaba a un hombre por eyacular sobre su pareja mientras esta dormía, que en el mundo de la Justicia viene siendo habitual que la ficción resulte superada en muchos casos por la realidad.

Tal escenario vuelve a reproducirse ante un Juzgado de Primera Instancia de Murcia, cuyo titular se vio obligado a resolver las pretensiones del demandante, tendente a que tras la ruptura de la pareja de hecho de la que aquel formaba parte, se declarase su derecho a un régimen de tenencia compartida sobre el perro común, “Indie” para más datos.

Como fundamentos de su pretensión alegaba el demandante, Roberto, que mantuvo una relación de pareja sentimental estable desde 2014 con Silvia, en el transcurso de la cual decidieron de mutuo acuerdo adoptar un perro, “Indie”, suscribiendo en 2015 el oportuno contrato de adopción; el can fue registrado en el RAIA (Registro Andaluz de Identificación Animal) exclusivamente a nombre de Silvia, si bien por imperativo normativo del citado Registro.

Para desdicha de “Indie”, en 2016 el amor se desvanece, la pareja se rompe y ambos deciden poner fin  a su convivencia; no obstante, acuerdan mantener la custodia compartida del perro por semanas, situación que persiste hasta la Semana Santa del año 2017, en que Silvia se marcha definitivamente a Murcia, llevándose consigo al fruto de la pareja.

División de un inmueble: Derechos del usufructuario

La cuestión que planteamos en esta nueva entrada se reduce a conocer que derechos ostenta el usufructuario de un inmueble con dos o más copropietarios, cuando alguno de estos insta la división judicial del mismo a través de la “actio communi dividundo”, y un tercero adquiere el referido inmueble.

De todos es sabido, que el copropietario de un inmueble no puede ser obligado a permanecer en situación de indivisión, conforme dispone el artículo 400 del Código Civil; además, según determina el artículo 404 del mismo texto, si aquel es esencialmente indivisible, no habiendo acuerdo entre los condueños, se venderá y repartirá su precio.

Esa venta, ya sea de mutuo acuerdo o por medio del juzgado, conllevará la entrada de un tercero, nuevo adquirente, surgiendo la cuestión: ¿Cómo se ven afectados, tanto usufructuario como nuevo propietario por esta transmisión?

Si el nuevo adquirente era conocedor de la existencia del derecho de usufructo, y así consta en documento, fundamentalmente a efectos probatorios, estará obligado a aceptar y tolerar los derechos del usufructuario.

Donaciones: ¿Sabías que quien dona, también paga?

Donante paga IRPF Casi nadie desconoce que en las donaciones, el donatario que la recibe, deberá de liquidar por esta operación en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD).

Menos conocido resulta que el donatario de un inmueble deba liquidar en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), la llamada Plusvalía Municipal.

Pero lo que resulta habitualmente desconocido para la gran mayoría, es que la donación de un inmueble puede generar para el donante un incremento sujeto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Ya apuntamos, que esto no sucede cuando lo que se dona es dinero.

Resulta sorprendente y difícilmente entendible que cuando por ejemplo un padre dona a un hijo un inmueble con valor de 150.000 euros, el cual a su vez adquirió por compra o herencia en 75.000 euros, según la Ley del IRPF genere una ganancia de 75.000 euros por la que esta obligado a tributar en su Declaración de la Renta.

Parece lógico pensar, que si donamos un inmueble a un hijo, nuestro patrimonio no se incrementa, sino que se reduce; pero para la Ley del IRPF, esto no es así, por muy increíble que nos pueda parecer. Es más, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 LIRPF, apartado 5,  no se computarán como pérdidas patrimoniales las debidas a transmisiones lucrativas por actos ínter vivos o a liberalidades. Dicho de manera más sencilla, si dono por un valor inferior al que adquirí, no puedo declarar pérdidas.

Ley Contrato Seguro: El desconocido art. 38

Contrato Seguro

No resulta extraño encontrarse con compañeros de profesión que aparentan desconocer la existencia de este importante precepto de la Ley del Contrato de Seguro, regulador de un procedimiento entre aseguradora y asegurado para valorar los daños materiales consecuencia de un siniestro.

Se refiere por tanto el precepto con carácter exclusivo, a aquellos siniestros cubierto por una aseguradora sobre un bien asegurado, en los que aquella ofrece una indemnización económica con la que su asegurado discrepa al considerarla insuficiente.

De manera sencilla y resumida, el artículo 38 de Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, establece que si no se lograse un  acuerdo entre las partes, aseguradora y perjudicado, dentro del plazo previsto en el artículo 18 de la misma Ley, (40 días desde la comunicación siniestro), cada una designará un perito, debiendo constar por escrito la aceptación de éstos.